Una vez más, el actual Ejecutivo responde a una obligación asumida por anteriores responsables municipales con un notable ahorro y utilidad para los ciudadanos

 

Comunicado del alcalde, José López (MC)

Buenos días

Comparezco ante ustedes porque un partido de la oposición ha convocado a los medios esta mañana para sembrar dudas sobre la labor de este Gobierno y, en particular, de este alcalde.

En este caso, sobre la adquisición del inmueble denominado ‘Hotel Peninsular’, finca sita en calle Cuatro Santos, números 3 y 5, según acuerdo de Junta de Gobierno del pasado 29 de diciembre de 2016.

Como es conocido, es la alternativa que resultó viable después de que ‘Altamira’, inmobiliaria del grupo Santander, modificara la negociación con este Ayuntamiento para transmitir el Cine Central al Ejecutivo regional, que era la primera opción del Gobierno local.

La cantidad de en torno a los 500.000 € de que disponía presupuestariamente el Ayuntamiento antes de final de año, se decidió destinar a otra adquisición o adquisiciones para el patrimonio municipal, puesto que es conocido que es necesario ejecutar las partidas presupuestarias, de hecho, el mismo grupo de la oposición lo ha demandado estos días.

Como manifesté públicamente al conocerse la adquisición del Cine Central por la Comunidad Autónoma, tuvimos que retomar varias alternativas que durante el año se habían estudiado, unas han trascendido y otras no, pero todas, como la que se ha llevado a cabo, buscando la dinamización, la inclusión social y la optimización de los recursos públicos.

La que se ha materializado ha sido ésta, por resultar obligada (desde hace 11 años está en la mesa de los gobiernos anteriores), y la más funcional para la administración, además de la que se ajustó a las valoraciones de los técnicos municipales.

Este inmueble podrá ponerse en uso de modo inminente durante este año 2017 para los servicios municipales como equipamiento administrativo que es.

¿Qué quiere decir que es equipamiento administrativo?

Que en el año 2005 este terreno se incluyó como sistema general de equipamiento administrativo por unanimidad del Pleno, en concreto el 7 de noviembre de 2005, desestimando la alegación de los propietarios de que se considerara equipamiento, quienes defendían mantener el que era su negocio.

El 5 de julio de 2006, siendo concejal de Urbanismo Agustín Guillén, se inicia el expediente de expropiación, por resultar obligada tras haberse considerado equipamiento administrativo.

Durante estos 11 años ha estado pendiente de resolver ese expediente, y han existido contactos con todas las corporaciones, incluidas las que han tenido como concejales de Urbanismo a quienes hoy en un alarde de hipocresía salen en rueda de prensa a presumir de su incapacidad, Joaquín Segado y Francisco Espejo.

La valoración ha sido la establecida por los técnicos municipales, sin que hayamos negociado el precio con los propietarios, sino simplemente trasladado la valoración para la operación, y así fue aceptada. Como dato decirles que estos propietarios han llegado a cifrar en escritos al Ayuntamiento su reclamación en un millón y medio de euros. Como sabrán, el coste ha sido de 506.000 euros.

La adquisición se enmarca dentro del Plan de reorganización del Patrimonio municipal, y permitirá utilizar las Graduadas como espacio cultural y reubicar a personal municipal que trabaja en ese edificio y otras oficinas en el edificio administrativo de San Miguel, mejorando el servicio al ciudadano.

Y servirá también para mejorar la zona donde se ubica el propio inmueble, degradada por la prostitución, que se implantó en el Casco Histórico sin que la anterior corporación lo atajara.

La incapacidad del anterior Gobierno para solucionar los problemas nos obliga una vez más a un desembolso económico y tratan de aprovecharlo para arrojar dudas.

Les explico, y con esto termino, la operación que se ha efectuado es la que debió hacerse en estos 11 años. Son los anteriores responsables quienes deben dar una explicación, de por qué hay operaciones como ésta, muchas, en los cajones, y el porqué esta administración incumplía con los ciudadanos.

El expediente está impoluto, estoy seguro, porque es el que los técnicos han confeccionado, para cumplir con la obligación del Ayuntamiento de adquirir la propiedad, porque así lo decidió el Gobierno de Pilar Barreiro, con sus concejales Agustín Guillén, Joaquín Segado y Francisco Espejo.

Si hay algo irregular que lo expliquen y que se exijan, aunque ahora años después, las responsabilidades por incapacidad y negligencia, o que al menos sean capaces de dejar de mentir y entorpecer con ello la labor de un Gobierno que además de mejorar e ilusionar a Cartagena lleva 18 meses pagando sus deudas y sus facturas, que como esta adquisición aparecen a diario y en cantidades muy importantes.

Al recabar el acuerdo plenario de 2005 también nos hemos encontrado con que en ese mismo pleno la anterior Corporación aceptó rebajar la protección del Cine Central, otro ejemplo de cómo se actuaba antes.

Lo de hoy, una vez más, es muestra de la frustración y sintetiza el peor de los estilos, el de la mentira y la insidia, que es donde mejor se encuentran quienes hoy han puesto en duda el trabajo municipal.

Queda claro que los actuales dirigentes del principal partido de la oposición están en ella por las tramas delictivas por las que se les investiga, y también por su incapacidad para gestionar, sirva de ejemplo que 11 años después no se había expropiado esta propiedad.

 

Comunicado del alcalde de Cartagena, José López

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El alcalde detalla los 11 años que lleva abierto el expediente de expropiación para la adquisición del Hotel Peninsular, iniciado por Agustín Guillén
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